A 32 años del golpe, la democracia todavía tiene cuentas pendientes respecto de la actuación del Estado terrorista entre 1.976-1.983. Si bien se avanzó muchísimo con la anulación de las leyes del perdón, todavía convivimos con normas sancionadas por los dictadores.
Desde que se convirtió al 24 de marzo en un nuevo feriado, como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se comenzó a vaciar de contenido esta conmemoración y si el objetivo era promover la reflexión y generar conciencia para "hacer efectivo el nunca más y que la noche negra de la dictadura no se repita", en la práctica, el tiro bien podía salir por la culata.
Hasta el 2.006, las escuelas habían dedicado el día a transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido en los años de plomo, sin embargo, dada la situación, hay cuestiones que seguirán esperando en vano la necesaria reflexión de gran parte de la sociedad. No sólo las evidentes como ¿hasta dónde se ha llegado en el juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos?, sino, ¿por qué, luego de 32 años, se tolera la vigencia de leyes inconstitucionales del Proceso de Reorganización Nacional? ¿Por qué el campo de la política sigue abierto a genocidas o a sus cómplices?¿Por qué la justicia los ha ignorado?¿Qué prácticas siguen aún hoy vigentes y quiénes las llevan adelante?
En definitiva, ¿cuántos monstruos nacidos y crecidos durante aquellos años sobreviven y nos acechan desde el seno del sistema democrático y cómo afectan la vida cotidiana de los argentinos?
PRISIONEROS DE AQUELLAS LEYES
En el lapso del 76 al 83, se sancionaron 1.783 leyes y 18.146 Decretos, de los cuales siguen vigentes alrededor de 500 leyes y miles de Decretos. La Ley de Régimen Jurídico de la Función Pública, de 1.980, de una xenofobia exasperante que exige "ser argentino o naturalizado con más de 4 años" y excluye a los sospechosos de pertenecer o haber pertenecido a "grupos que por su doctrina o acción acepten o lleven a la práctica el uso de la fuerzas" del trabajo estatal.
La Ley de Cultos, 21.745, de 1.978, establece que se negará o anulará la inscripción de cualquier organización religiosa "cuando se hubiere comprobado que los principios y/o propósitos que dieron origen a la constitución de la asociación o la actividad que ejerce resultaren lesivas al orden público, la seguridad nacional, la moral y las buenas costumbres." Esta norma, discriminatoria y represiva, se complementa con la 21.950 que establece una asignación mensual para los dignatarios católicos equivalente al 80 % del salario de un juez de primera instancia o jubilación equivalente al 70 % del sueldo del Presidente de la Nación. Esto representó en 2.007, 17 millones de pesos.
La Ley de Radiodifusión censura todo programa que no cumpla con "los preceptos de la moral cristiana", obliga a "difundir la información y prestar la colaboración requerida para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional", caso contrario, el gobierno "podrá establecer restricciones temporales al uso y la prestación de todos los servicios previstos".
A todas estas leyes, inconstitucionales por su origen, casi 25 años después de terminada la dictadura, seguimos sometidos.
DISCURSOS Y FANTASMAS DE CARNE Y HUESO
Los vocablos "eficiencia" y "gestión" encontraron reconocidos portavoces a nivel nacional, sobre todo dirigentes de la derecha municipalista, que ofrecen equipos para solucionar los problemas de la gente.
Al mismo tiempo, muchos cómplices del terrorismo de Estado que hoy pululan en el campo de la política no han sido neutralizados y hoy continúan postulándose a cargos electivos en el marco de las instituciones que ellos mismos se ocuparon de violar. Situación ésta que denuncia la existencia de este vacío legal.
LA COMPLICIDAD DEL TIEMPO
Desde 2.003, con la llegada de Kirchner, el Congreso votó la anulación de la Ley de obediencia debida y punto final y la Corte Suprema declaró su inconstitucionalidad.
En 2.007, se condenó a Julio Simón, Miguel Etchecolatz, Christian von Wernich, militares del Batallón 601, Cristino Nicolaides y se comenzó a hacer realidad el reclamo social de justicia.
Sin embargo, falta mucho camino por recorrer y el tiempo se vuelve cómplice de la impunidad. Empantanamiento de los juicios, concentración de causas en pocos juzgados, expedientes cajoneados, dilaciones inexcusables de la defensa, falta de recursos para proteger a los testigos, motivos que llevaron a la Procuración a proponer "un sistema de control de la demora...detectar retrasos, conocer sus causas y buscar soluciones" a la Corte.
Aún falta el procesamiento de los civiles que participaron en las dictaduras.
Hay señales de alerta, como la muerte de Héctor Febres, los 18 meses de desaparecido de Julio López, cuya investigación lleva adelante la policía donde revistan hombres de los grupos de tarea de Camps y Etchecolatz.
Una reflexión seria sobre la última dictadura militar y sus consecuencias no puede ni debe reducirse a mirar hacia el pasado.
El ejercicio de memoria plena requiere una observación alerta para descubrir a aquellos monsruos que engendró y que aún continúan activos y presentes: hombres, leyes, discursos, prácticas, negación de justicia. Caso contrario, el tan anhelado nunca más tendrá entre sus resonancias la dramática melodía de un todavía hoy.
Fuente: "Caras y Caretas", Marzo 2.008, Nº 2.220, Autor: Daniel Cecchini
